España necesita muchas reformas, cierto, la de los políticos
también. Ellos, que concurren a la manifestación
de la voluntad popular, deben asumir sus responsabilidades y
ocupar la puerta de servicio antes que la puerta del poder.
A diario nos sirven en bandeja una retahíla de problemas
en lugar de resolverlos. En ocasiones, el político por
si mismo ya es el problema. Le señalan y no abandona
el sillón hasta que no recae condena explícita.
Para muchos es su medio de vida. Jamás han trabajado
en otra cosa. Por ello, el interés de su bolsillo es
antes que el interés del Estado, y, a veces, están
más enfrascados en proteger la seguridad de su puesto
de poder que en asegurar progreso social para todos. El político
decente lo dejaría al primer síntoma de sospecha.
Otra
de las contrariedades es la mediocridad política, lo
mejor que harían algunos es no despegar los labios. En
lugar de buscar soluciones generan contiendas inútiles,
absurdas, sectarias, o sea, una riada de problemas innecesarios.
Como aquellos que ponen en entredicho la unidad de la nación
española o la lengua de Cervantes, que tienen el deber
de conocerla y el derecho a usarla todos los españoles,
o la independencia del poder judicial, que no debe admitir intromisión
política alguna. El político honesto se apartaría
de ser un ciudadano de partido y sería un ciudadano de
Estado, con altura de miras, un señor libre que piensa
más en las próximas generaciones que en las próximas
elecciones, que respeta y cuida la división de poderes
de Montesquieu.
Los
políticos españoles, muchos de los cuales han
ocultado la crisis porque ellos ni la han tenido, ni la tienen,
ni la tendrán jamás, piden ahora esfuerzos colectivos,
en parte para pagar la cuenta de sus derroches. El gasto público
nos desborda. El político honrado tomaría el esfuerzo
como deber primero, y con voluntad de Estado sobre todo lo demás,
se afanaría en priorizar los verdaderos problemas que
afectan a la ciudadanía y trataría de resolverlos,
propiciando consensos y uniones, sólo así todos
unidos se puede reducir el desempleo, avivar la promoción
de la inclusión social y luchar contra la pobreza que
cada día es más creciente en España.
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