Según el Diccionario de la Real Academia Española, la corrupción es la acción o efecto de corromper (depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar). También la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso del poder, de funciones o medios para sacar un provecho económico o de otra índole. Se entiende por corrupción política al mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima.

La dupla corrupción/impunidad ha estado presenta en los gobiernos en la mayor parte de la historia de México, aunque su magnitud sólo ha sido conocida en las últimas décadas con la llegada de las tecnologías de la información y comunicación, lo que ha dado paso a crear una mayor conciencia ciudadana y a su organización en asociaciones y sociedades que empiezan a tener un papel destacado en el escenario nacional, lo que ha permitido observar, medir y evaluar el desempeño de los tres niveles de gobierno.

A diferencia de otros países, en México la corrupción rara vez es castigada por la impunidad que ha estado presente hasta la fecha. Para algunos analistas la población es víctima por partida doble, por un lado el desfalco de los bienes del estado y por otro la falta de sanción a los responsables; tal parece que la autoridad se preocupa más por encubrir que por descubrir los casos de corrupción, todo esto ha producido una profunda irritación y malestar en la sociedad.

Esta conducta reprobable de los gobiernos ha estado presente por lo menos a partir de la época porfirista. En el año de 1908, el periodista norteamericano John Keneth Turner, autor del libro México Bárbaro, entrevistó en una cárcel de Texas a unos magonistas (partidarios del movimiento revolucionario en contra del Régimen de Porfirio Díaz), los que le señalaron que en México existía la esclavitud (en las haciendas de Yucatán y en Valle Nacional, Oaxaca), esta afirmación causó sorpresa en Turner quien les respondió que México contaba con una Constitución de las más avanzadas en América; esto, dio lugar a que el periodista viniera a investigar a México. Gran parte del problema de la corrupción es la falta de aplicación del Estado de Derecho, la redacción de la ley sigue un camino y su ejecución otro.

En las últimas décadas, el costo de la corrupción ha escalado a niveles ofensivos para la sociedad, del 5 ó 10% de moche, para otorgar algún proyecto de construcción ha pasado a más de 35%, esto como se señaló antes, orilló a las organizaciones ciudadanas, de investigadores y académicos, junto con el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad) a impulsar la llamada Ley 3 de 3 que obligaba a los servidores públicos hacer su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, y como era de esperarse esta iniciativa ciudadana tuvo el respaldo de más de 600,000 firmas de apoyo, fue llevada al Congreso y fue aprobada en la mayoría de sus términos, aunque al final no prosperó en toda su amplitud por la oposición de políticos y funcionarios con el “argumento” de que hacer públicos sus bienes pondría en riesgo su integridad personal y de sus familias.           

Según especialistas, el costo actual de la corrupción asciende a cerca del 9% del Producto Interno Bruto del país; y de las 34 economías más desarrolladas del mundo de las cuales formamos parte en la OCDE, México es el más corrupto.

Todo lo anterior impulsó al Presidente de la República a promulgar hace algunos días, el Sistema Nacional Anticorrupción y en un artículo periodístico (Hacia un México sin corrupción), reconoce los daños que este mal ocasiona a la ciudadanía y a la economía del país.

El Presidente  Peña Nieto es optimista al señalar que este Sistema es el inicio de una nueva era en el servicio público, y con él se empieza a reconstruir la confianza de la sociedad en sus autoridades.

Todo esto son buenos deseos que la mayoría de los mexicanos espera se conviertan en realidad, aunque hay que decirlo, la sociedad mexicana se ha vuelto escéptica y desconfiada con las autoridades y partidos políticos; por consiguiente, el gobierno deberá trabajar cuesta arriba y hacer lo correcto investigando, juzgando y castigando a quien desde su posición en el gobierno o la empresa, cometa actos de corrupción sin importar amiguismos o compromisos políticos o económicos.

El gran reto del sistema de gobierno actual es la falta de credibilidad en su gestión y para revertirla no basta con hacer declaraciones optimistas, sino que es necesario que la ciudadanía vea con hechos que este cáncer social y económico es en verdad atacado.

En nuestro municipio, aún cuando existen voces particularmente de partidos de oposición, señalando irregularidades en los gobiernos municipales anteriores, esto no ha sido comprobado; en cuanto al actual gobierno, con excepción del conflicto ideológico partidista que se dio al interior del Ayuntamiento al inicio del mismo, no se ha observado algún tipo de irregularidad en su gestión, sin embargo con los nuevos instrumentos legales del Sistema Nacional Anticorrupción, nuestra Asociación Civil, estará atenta a su desempeño.