La escasa presencia de la mujer en la política tal vez encuentre explicación en la clásica división del trabajo, aunada a un sistema altamente excluyente además de autoritario. No obstante, aunque en forma muy lenta y restringida, la presencia se ha hecho visible en el campo analizado.

Aunque en los últimos años mundialmente se han producido avances significativos en materia de equidad y género, es necesario recalcar que la incorporación real de las mujeres a la política formal refleja aún la desigual relación de los géneros en el ejercicio del poder y en la toma de decisiones a todos los niveles.

Tal situación, no privativa de nuestro país, ha captado la atención de personas que se han dado a la tarea de promover líneas de acción cuya consecuencia se concretiza en la aparición de legislaciones que regulan la equidad de género, la no discriminación y la no violencia hacia la mujer en los diversos campos existentes; así como también en lo relativo a la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.

Sí ha habido avances, se han implementado programas y emitido leyes favorables a la mujer, pero, se incumplen con demasiada frecuencia. Hay modificaciones, mas no se dan grandes modificaciones en el fondo.

Veamos un ejemplo. En nuestro país, México, en materia electoral se exige no pase del 60% la participación de un solo género en una contienda política y se pugna, además, porque la mujer sea candidata y no suplente.

En la realidad, la mujer sigue teniendo en estos menesteres reducidas oportunidades y salvo excepciones, el hombre se toma los cargos de mayor importancia por el derecho de la costumbre.

Si analizamos la estructura del actual gabinete del Poder Ejecutivo Federal nos daremos cuenta que del total de secretarías, sólo tres recaen en mujeres, esto es menos del 16% y si nos fijamos en las 34 comisiones existentes en el mismo nivel, sólo seis son desempeñadas por mujeres, lo que nos arroja menos del 20%.

Según el CONAPO sólo una mujer ha llegado a ser magistrado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así mismo, en la historia moderna de México, únicamente ha habido cinco gobernadoras.

Por lo que vemos, la incorporación de las mexicanas a posiciones de poder ha sido particularmente lenta y escasa en comparación con el resto de América Latina. Nuestro país es de los últimos en reconocer, incluso legislativamente, los derechos de las mujeres.

El otorgamiento de la ciudadanía a la mujer en 1953, constituyó un gran paso en el proceso democratizador del país, afianzándose en 1955 cuando se le reconoce y otorga el derecho al voto, y se fortalece, aún más, en 1970 al presentársele la oportunidad de participar en puestos políticos importantes.

Estatalmente, al igual que en otras entidades del país, nos encontramos en tiempos electorales y se escuchan continuos mensajes en donde se pondera el derecho de la mujer a participar, activa y directamente, en estos procesos y en el logro y consolidación del bienestar social de su comunidad, de su Estado y nación.

Estos logros por ningún motivo deben ser descuidados, así como también es necesario estar muy pendientes y no perder de vista que el movimiento desencadenado por las mujeres ha sido el desafío más radical que se ha dado en los últimos tiempos.

El camino ha iniciado, hay que continuarlo.