El Estado tiene la obligación de ofrecer educación básica a todos los menores de edad, incluyendo a las niñas y niños con discapacidad. La detección oportuna y la atención temprana de la discapacidad, son la pauta para que los pequeños con esta característica, tengan mejores pronósticos en su aprendizaje y desarrollo. Afortunadamente, los padres de bebés de alto riesgo o con discapacidad, pueden solicitar atención en algún servicio de educación inicial o especial, a partir de los 45 días de nacido de sus hijos; ya sea en una escuela oficial o incorporada a la SECUD; estas alternativas de atención, son verdaderas opciones desde edades tempranas, así, los niños pueden recibir estimulación necesaria, a partir de sus características y necesidades.

Mientras, más pronto inicie un programa de atención psicopedagógica en los alumnos con discapacidad, el desarrollo de capacidades, adquisición de aprendizajes y hábitos, serán la base para la integración familiar, educativa, social; y a futuro, la integración al medio laboral. Estas condiciones, son necesarias para el desarrollo de los pequeños, porque al mismo tiempo se favorece la seguridad personal, confianza, motivación y espíritu de triunfo; pues con estas actitudes y valores personales, los chicos con discapacidad, sentirán aceptación por parte de la sociedad, descubrirán el sentido de la vida, crecerán con optimismo, para convertirse en personas productivas, independientes y capaces; sobre todo, con deseos de salir adelante y triunfar en la vida. Cuando las personas con discapacidad, aprovechan las oportunidades para ir a la escuela, se capacitan, aprenden alguna actividad u oficio, las posibilidades de tener un trabajo, aumentan; pues adquieren herramientas básicas, para no depender de la voluntad del prójimo, ni esperanzarse de los programas o dependencias asistenciales.

Es recomendable para los padres de hijos con discapacidad, informarse de las opciones escolares existentes para los pequeños; la ley está de su lado, tienen el derecho de solicitar la atención educativa pertinente, según la edad y características del menor. Esta disposición legal, va más allá de una norma administrativa para tramitar inscripción o certificación escolar, tiene un sentido más humanista, social, de convivencia, equidad y justicia social.

Afortunadamente, durante la presente administración federal, la Secretaría de Educación Pública, impulsó el Programa Nacional de Fortalecimiento para la Educación Especial y la Integración Educativa, asignando a todos los estados, recursos económicos para crear más servicios de educación especial, fortalecer la capacitación y actualización de los profesores, adquirir materiales y recursos necesarios, impulsar la sensibilización a la comunidad, para que los padres y madres, lleven a sus hijos a las escuelas; y los maestros de educación básica, abran las puertas de sus escuelas para atender a las niñas, niños o adolescentes con discapacidad. Esta medida, paulatinamente está teniendo eco en Campeche, empiezan a generarse cambios, en las autoridades educativas, quienes tienen la responsabilidad de garantizar las condiciones, para que más menores tengan un lugar en las escuelas; pues al ofrecer educación de calidad a los alumnos con discapacidad, el beneficio es para todos los niños del aula, no sólo para el chico con discapacidad; ante esta situación, es necesario ofrecer capacitación y actualización a los maestros, que permita enriquecer sus estrategias didácticas; de esta manera, los alumnos podrán vivenciar experiencias enriquecedoras de aprendizaje, solidaridad y respeto.

Los menores con discapacidad forman parte de la sociedad, son mexicanos como usted y como yo, son seres humanos y como tal, tienen derecho a educación; ojalá que muy pronto, en todos los municipios y en todas las escuelas públicas de Campeche, la “Educación sea para todos”.