Una de las satisfacciones grandes recibidas en mi vida fue la de haber realizado los estudios de derecho; formación que complementó otras de profesorado de enseñanza general básica y superiores de ciencias químicas. Con verdadero entusiasmo cursé la carrera, ya en la edad adulta, más que nada para ampliar conocimientos, lo que me dio un análisis riguroso y profundo, no sólo de las disciplinas jurídicas, sino también una visión práctica imprescindible para caminar por la vida y tomar sentido sobre lo fundamental que es adquirir conciencia de la justicia. Todo ser humano sabe hoy que es persona y que ha sentirse como tal, libre y responsable, en el lugar que se encuentre. En consecuencia, resulta trascendental la labor de los que trabajan por la justicia. La paz es obra de ellos. Su labor se acrecienta, no entiende de fronteras, puesto que las naciones, las diversas economías, culturas, religiones y estilos de vida se acercan, se universalizan y se funden.

Si elemental es la justicia, los que ejercen la función jurisdiccional consistente en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, juegan un papel substancial para que la convivencia sea un bien seguro. Dejar que la justicia trabaje en favor del pueblo del que emana, al margen de confrontaciones y partidismos, con su carácter de independencia y de sometimiento al imperio de la ley, me parece la mayor de las garantías constitucionales. E l acto de apertura de los tribunales y el nuevo año judicial, considero que es un tiempo propicio para examinarnos todos sobre nuestra conciencia jurídico-social, tanto para el pueblo como para los que ejercen la potestad. En una misma dirección y paralelismo, unos hemos de considerar el grado de cumplimiento y colaboración con la justicia requerida y otros han de meditar sobre la satisfacción del deber cumplido.

Bajo el perfil ético y el espíritu democrático, a todos nos incumbe e interesa, de una manera u otra, consultar con la almohada cómo se encuentran los derechos humanos, sociales, económicos o ambientales. Velar porque el pilar de la justicia sea cada día más justo y forme patrimonio común, es tan razonable como decente. Ecuanimidad y armonía no son inventos de poeta o ideales de soñadores, son valores radicados en los labios del alma de cada persona ¿Habrá heroicidad más grande que vivir en la justicia y si es preciso morir por la paz? Aunque la justicia se administre por jueces y magistrados, nadie puede eximir la responsabilidad de que sea bien administrada. Cada uno en su lugar, todos somos garantes de que la justicia restaure, no destruya; reconcilie en vez de instigar a la venganza. Bien mirado, su raíz última se encuentra en enderezar el árbol para que en el bosque pueda penetrar el sol de la bondad.

En medio del aluvión de progresos científicos y tecnológicos, avances que no llevan consigo la plena felicidad, ni tampoco la seguridad de vivir en paz, se han perdido valores morales y, a cambio, poniendo sobre el tapete la voz del pueblo, se ha ganado permisividad, sinrazón, arbitrariedad, atropello por doquier y abuso a raudales, hasta el extremo de pasar por encima de la mismísima ley natural. Tal y como está la atmósfera de desconcertada, o de desconcertante, quizás tenga más fundamento que nunca, el que las instituciones judiciales, al unísono, den cuenta al pueblo del ejercicio de su honorable potestad, muestren con transparencia el balance sobre sus actuaciones y actividades según las normas de competencia y procedimiento, hagan justicia de su justicia, de cómo la han administrado y el por qué de administrarla así.

Revisando la historia vemos que la justicia humana no siempre tuvo acierto, que unas veces ha sido cruel, otras frágil e imperfecta. En ocasiones, ha estado expuesta a limitaciones, fruto del egoísmo personal o de grupos. Partiendo de esta premisa, pienso en las solemnes inauguraciones de la apertura del año judicial como una oportunidad extraordinaria para enmendar entuertos, poner en orden lo que en desorden haya, y dar a cada uno lo suyo. A los promotores de la justicia, en su difícil y complicada tarea de unidad jurisdiccional, cuando tantas divisiones hay en la vida social o territorial, les corresponde que nadie, absolutamente nadie, se sienta privado de la tutela judicial efectiva, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

El pueblo del que, insisto, procede la justicia, además de sentirse arropado por ella, ha de tener libre acceso a los jueces y tribunales, derecho a obtener un fallo de éstos bajo una resolución fundada en Derecho, a que el fallo se cumpla y que el recurrente sea repuesto en su derecho y compensado si hubiese lugar a ello por el daño sufrido. En los últimos tiempos, algunas televisiones hacen juicios paralelos, enjuiciando antes “al presunto” que la propia justicia, poniendo en entredicho las resoluciones judiciales, sembrando el desconcierto, o sea la inseguridad jurídica.

Me parece, pues, que sería estimulante con el inicio del nuevo curso judicial, tanto para los que administran justicia como para el mismo pueblo, ver que la intervención de los diferentes poderes públicos, y de las mismas personas físicas, no es otra que la colaboración incondicional y el esclarecimiento, por encima de cualquier condicionante político o económico. Pensemos, por un momento, en la importancia del poder judicial, en la necesidad que para su ejercicio efectivo tiene una moderna Administración de Justicia, adecuada a los nuevos tiempos que nos desbordan, en disposición siempre de escuchar todas las partes. De lo contrario, podemos caer en pensar que la justicia ha perdido la gratuidad, porque los españoles ya no somos iguales ante la ley o que el ejercicio del derecho de defensa se lo ha llevado el ratón Pérez. Algo tremendo, si así fuere, para la convivencia.