El diluvio fraudulento descarga en cualquier sitio. Parece que las fuentes del fraude no se secan, ni aunque se amenace con planes de prevención y las actuaciones de control aumenten. Ahora se nos anuncia que, en este año, los resultados de más de ochenta mil operaciones en promociones inmobiliarias serán objeto de análisis por parte de la Agencia Tributaria después de tres años de trabajo y recogida de información del proceso integral del desarrollo urbanístico. En la misma nube borrascosa entrarían los delitos de blanqueo de capital que, todo indica,  se presentan exorbitantes. Todo esto lo que refleja es una insolidaridad manifiesta. No hay cultura de ética, sino de caraduras.

Lo cierto es que vivimos una época de prácticas injustas, a pesar de tantas normativas, de sobornos y de fraudes descarados, que intentan eludir la justa contribución a las necesidades de la colectividad. Otra cuestión es cómo después se utiliza esa misma recaudación, frente a una exclusión total y el ostentoso bienestar y derroche de otros. No estaría demás sopesar, con los máximos criterios de control, la total imposibilidad de no cometer otra estafa con el mismo fraude. Y que lo recaudado también sirviese como desarrollo humano integral para que la marginalidad no siga creciendo. Desde luego, una concentración exclusivamente materialista como la que soportamos, y de ir cada uno a lo suyo, aparte de correr el riesgo de caer en el error del consumismo, tampoco es el camino para lograr la auténtica felicidad. Lo que si suele cosechar el sistema, es una buena ración de trepas, pura baratería, dispuestos a poner al día el abecedario de la simulación.

Sin duda, la colaboración de todos en la promoción del bien general implica, como todo deber moral, una puesta diaria y constante. El fraude y otros subterfugios, mediante los cuales algunos burlan la obligación de las normas, pienso que deben ser condenados por incompatibles con las exigencias de la justicia. Pero, asimismo, en la misma línea, creo también que deben ser sancionados aquellos que dilapidan una recaudación que es de todos y de nadie. Por desgracia, la corrupción es otro de los males que sigue enquistado en las sociedades democráticas. La administración es el administrador de los recursos de las personas y debería administrarlos con objeto de asegurar el bien común. Una recomendación similar sería para aquellos políticos que son poder o que pretenden serlo, para que la autoridad a ejercer o ejercida, sea de servicio transparente y con poder de caducidad.