Un observatorio internacional que defienda a los creyentes de cualquier tipo de actuación que pueda entenderse como un ataque, una difamación, etc., ya sea dirigida a las instituciones o a los símbolos sagrados de las religiones, como consecuencia de una malentendida libertad de expresión, viene siendo propuesta permanente de observadores internacionales y personas con responsabilidades eclesiales. Suelen alegar que se trata de una situación global que merece una respuesta global. De entrada a mi no me parece mal la idea, cuando menos para poner a los segadores de la libertad religiosa al descubierto. Recopilar datos que coartan libertades, centralizar la información, hacer un análisis de la situación partiendo de informaciones contrastadas y objetivas, lo veo saludable, en la medida que se va a poder hacer valer un derecho, el religioso, al que nadie tiene derecho a segarlo.

Dicho lo anterior, también conviene tener en cuenta que en la divulgación de la fe religiosa y en la introducción de costumbres hay que abstenerse siempre de cualquier clase de actos que puedan tener sabor a coacción o a persuasión inhonesta o menos recta, sobre todo cuando se trata de personas menores de edad, en situaciones difíciles o necesitadas. Tal comportamiento debe considerarse como abuso del derecho propio y lesión del derecho ajeno. En este sentido, pienso también que el observatorio internacional podría prestar una gran ayuda para el discernimiento y no sobrepasar los límites de la libertad religiosa, ni a favor de unos ni de otros. De igual modo, la muerte de Dios que algunos intelectuales quieren imponer, tácita o explícitamente mediante un estéril culto del individuo endiosándolo al capricho, cebado por el consumo bestial y  dejándolo sin tiempo para pensar, tampoco me parece ético, puesto que también confina la libertad a lo antiestético.

Los derechos de los creyentes, sí. Imposiciones, las mínimas, provengan de donde provengan. La libertad siempre, clara y libre. O lo que es lo mismo, una laicidad auténtica y efectiva como propugna nuestro sistema constitucional, de apertura y de colaboración. Una llave verdaderamente justa para la convivencia, donde el hecho religioso está ahí, en positivo, bajo el aval constitucional. El observatorio también podría ser de gran utilidad para poner en entredicho aquellos Estados constitucionales o Comunidades Autónomas, si es que los hay, que pasan de promover un clima de armonía y una legislación capaz de serenar los ánimos, permitiendo a cada persona vivir libremente su creencia. El papel de la religión a favor del amor y la no violencia, es la puerta más nítida de la libertad. Obviarlo es tan mezquino como antidemocrático. Por consiguiente, me sumo a ese observatorio internacional de libertad, siempre que su hoja de ruta se fundamente en el respeto a todo ser humano y en no casarse nada más que con la conciencia crítica de la escucha y de la conclusión consensuada.