Al señorío ministerial, me pega, que le gusta distraer al personal. Parece que la crisis económica no le quita el sueño. O quizás sí, y haya pensado buscarle un entretenimiento a la ciudadanía, pensando que la libertad religiosa es una catarsis. La religión siempre levanta pasiones, a pesar de que la Iglesia de hoy tenga más cristianos a tiempo parcial, que cristianos de una pieza. Tal vez le convenga a un gobierno ahogado, por la actual crisis que ocultó, esparcir botafumeiro. Así la riada de desempleados, las familias que piden coberturas sociales y no reciben nada, ni migajas, apenas se les ve ni se les oye en sus suspiros. La guinda fue puesta en escena días pasados por parte de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, cuando habló de ciertas reformas que pretenden llevar a cabo próximamente. La inquietud, o el divertimento de distracción para otros, se ha servido pues en bandeja. Sea como fuere, la polémica ahí está, fagocitando el verdadero problema de esas personas que se las ven y se las desean para vivir con un mínimo de dignidad.

Y digo yo, aunque sea un don nadie. Propóngase lo que se quiera, nunca impóngase nada, jamás la intolerancia religiosa, que ya sería la primera discriminación, y máxime cuando aún son mayoría los padres que han elegido la enseñanza de la religión católica para sus hijos. Dicho lo anterior, prioricen, no distraigan. A poco que uno ponga el oído en el desespero de los sin voz, pide con urgencia, si quiere por decreto: sálvese a los pobres que cada día lo son más en este injusto y falso bienestar social. La verdad que tiene bien poco sentido gastar energías y pedir consensos para reformar una ley que ya garantiza la libertad y el pluralismo religioso. Si hay algo en la España actual que está garantizado es la no discriminación por razón de creencias. No así otros derechos, que son principios rectores de la política social y económica, como es la política orientada al pleno empleo. Lo demás, subrayo, es distraer al personal.

Precisamente, en el uso de todas las libertades hay que observar el principio ético de la responsabilidad personal y social: en el ejercicio de sus derechos, cada uno de los hombres y grupos sociales, como son en política los partidos políticos que concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, están obligados por simple ley natural o humana, bautícese como se quiera, a tener en cuenta los derechos de los otros, los propios deberes para con los demás y el bien común de la generalidad. Con todos, sin distinción alguna, hay que obrar según justicia y humanidad. No creo que sea justo, ni mucho menos humano, obviar el sufrimiento de familias que malviven en la más absoluta marginalidad, los primeros afectados en cualquier crisis; personas dejadas a la deriva por un frío sistema productivo, en la cuneta de los excluidos.

El mundo de la marginalidad, aquel que todavía suele acudir antes a una institución católica que a una ventanilla de las diversas administraciones, por algo será, tienen necesidades perentorias que deberían ser un reclamo prioritario para nuestras conciencias y para las decisiones políticas. Por desgracia, la disparidad entre ricos y pobres se ha hecho más evidente e inquietante, también en nuestro entorno más próximo. Hay gente que vive en la exclusión y gente que vive en el lujo, y hay barrios en los que se alza el poderío y polígonos en los que lo único que se alza es la miseria. La pobreza y un estilo de vida consumista existen uno junto al otro, pero no cohabitan. Una línea invisible separa muchas de nuestras sociedades y barrios. A veces, hasta la calidad de los servicios ofrecidos por las mismas autoridades varía enormemente. Qué casualidad, casi siempre los peor asistidos suelen ser los más necesitados.

Si la libertad de conciencia y de creencias es un elementos esencial de la democracia, que persisto ya lo tenemos garantizado,  igualmente han de serlo otros derechos debilitados. Hablo del derecho a la vida, por ejemplo, donde España es el país de la Unión Europea en el que más sube el aborto en los últimos diez años (un 99%). Asimismo diversos informes revelan que las torturas, tratos inhumanos o degradantes, en nuestro país no son casos aislados. El incremento de bandas de crimen organizado en no pocas ocasiones pone en entredicho la seguridad ciudadana. Todos estos desajustes también rebajan liberaciones. Todo ello no deja de poner una grave interrogación en nuestro camino que, se acrecienta aún más, cuando ves que poco importan las libertades individuales frente a las exigencias económicas.

Pero todavía hay otro plus, si queremos hablar de libertad religiosa. Nos recuerda la constitución que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación, citando expresamente, a la Iglesia Católica. Empeñarse, pues, en apartar a los ciudadanos de profesar la religión, aparte de ser anticonstitucional, aprisiona libertades y sería mezquino. En cualquier caso, si hay que afanarse en la libertad religiosa que lo sea, que ya lo es, pero también en el respeto debido a los sentimientos religiosos, que esto no siempre lo es.

Aunque yo sigo pensando, por más que le pongo ganas, que no veo la prioridad de una ley de libertad religiosa en este momento en el que creyentes y no creyentes se entienden, cuando hay otros excesos que rayan la ilegalidad que habría que priorizar y poner en orden antes que el caos nos antidemocratice, como puede ser el poder judicial, la enseñanza de un sistema educativo totalmente fracasado, la salvaje economía de mercado que no redistribuye y esclaviza, la salud más desprotegida que nunca, una calidad de vida estresante con un medio ambiente irrespirable, por citar algunos despropósitos que piden a gritos amparo. Está bien que el Estado tome la opción por las garantías de los derechos y libertades, pero que prevalezca el sentido común y, allá donde el río no ande revuelto, dejemos que siga corriendo el agua por el cauce. Que ya tenemos bastantes problemas sin espíritu resolutorio. Y el tiempo nos come.