Vivimos en una época peligrosa. Las dominaciones es la más terrible de las enfermedades, la del partidismo político está fuera de su reconocimiento constitucional.  El ejercicio del derecho de asociarse con una finalidad política les otorga relevancia, pero también les impone unos límites democráticos que debieran cultivarse con rigor. Hay decisiones que deben ser tomadas por los ciudadanos, que también han de poder formular propuestas. Frente a una democracia más o menos representativa, creo que se debe fomentar una democracia mucho más participativa. Las pasiones partidistas exorbitadas nunca fueron saludables, sencillamente porque admiten difícil autocrítica. La política es más que una simple cuestión de poder por el poder, como instrumento al servicio de la formación y expresión de la voluntad popular, su origen y su meta ha de estar sin vacilación alguna en la justicia, y ésta es de naturaleza ética (la ética de las responsabilidades).

En ninguno de los congresos políticos celebrados en nuestro país recientemente, de un tinte o de otro, han mostrado interés en otorgar más democracia al ciudadano. Con lo apasionante y fructífero que es incentivar lo de permitir dar rienda suelta a las energías de todo ser humano, pues nada de nada. Es cierto que los derechos de participación y de acceso a los cargos públicos representativos lo ejerce la ciudadanía, pero a través de listas cerradas y bloqueadas salvo las elecciones al Senado, acrecentando en las formaciones políticas un papel preponderante y, a mi juicio, un tanto injusto. Las listas abiertas si sería un gran avance democrático. Que los escaños se atribuyan a las candidaturas y los correspondientes a cada candidatura se adjudiquen a los candidatos incluidos en ella, por el orden de colocación que dicta el partido, no es muy liberal que digamos. A esto hay que añadir que los partidos tienen que ganar democracia interna, porque además es una exigencia constitucional, puesto que si los partidos se configuran como un instrumento primordial  para la participación política de los ciudadanos en los asuntos del Estado, el cumplimiento de dicha finalidad y la consecución de una verdadera representatividad política implica un funcionamiento coherente con el sistema democrático del que son parte nuclear.

No me gusta la dominación del partidismo político que juega a dividir en vez de sumar, porque se consideran representativos de “sus” electores, cuando en realidad son titulares de cargos públicos, ni tampoco lo son representantes de “sus” partidos, ya que son organizaciones privadas a las que se reconoce la posibilidad de desempeñar funciones públicas. El neutral estado de las cuestiones humanas, el bienestar moral de un país, nunca puede garantizarse solamente a través de estructuras políticas, por muy válidas y democrática que éstas fueren. Es cierto que dichas estructuras no sólo son fundamentales, sino imprescindibles; sin embargo, no pueden ni deben dejar al margen la libertad del ciudadano como tal. Está comprobado, verificado y percibido, que las organizaciones que mejor funcionan son aquellas en las que existen unas convicciones vivas capaces de motivar a las personas para una adhesión libre. La excesiva politización de todo, y en todos los ámbitos, aparte de restar libertad, cuando además el poder no descansa en la búsqueda de la verdad objetiva y en la dimensión de servicio al ciudadano, lo que hace es que germine la corrupción y hagan batalla una legión de oportunistas, que incluso llegan a pensar que el país son ellos mismos y el “aparato” del partido, como si fuesen órganos del mismísimo Estado.

Frente al absorbente intervencionismo partidista, que no es buena práctica política y que , sin embargo, es baño diario en nuestro país, conviene recordar que el ejercicio de funciones públicas impone a los partidos un plus de sujeción a la ley de leyes, que se traduce en un deber de distinto signo para los ciudadanos y los poderes públicos; mientras los primeros tienen un deber general negativo de abstenerse de cualquier actuación que vulnere la Constitución, los titulares de los poderes públicos tienen además un deber general positivo de realizar sus funciones de acuerdo con la carta magna. ¿Cuántas contrariedades al respecto se producen a diario? La justicia no da abasto. Y no en vano, el poder judicial, en ocasiones ha tenido que llamar al orden a más de un gobierno y a más de un político, por entrometerse en sus veredictos. Dicho lo anterior, tampoco piense el lector que pongo en duda los derechos de la democracia y los deberes del demócrata; pero prefiero no hacerme ilusiones respecto al uso que se viene haciendo de esos derechos-deberes, cuando tanto escasea en los partidos políticos la vocación y la sabiduría, mientras abunda la conveniencia y el endiosamiento, la falta de diálogo y el no extender la mano a otras opciones políticas.

Hace tiempo que el respeto, el cultivo y la promoción del bien integral de la persona humana, no constituyen prioridad en los partidos políticos. A sus congresos me remito, muy poco aperturistas, democráticos sólo si te dejas llevar por la cúpula, con textos verdaderamente doctrinarios, inventando derechos que no son como el del aborto, con el nulo derecho de admitir autocrítica, aunque fragmenten a la sociedad y se entre en contradicción con el espíritu fundamental de la norma suprema que apuesta por la unidad. Ningún partido, y mucho menos en el gobierno, ha de ser depositario exclusivo de una determinada línea de pensamiento como se pretende con una disciplina escolar: educación para la ciudadanía. Otro dislate más. En vista de lo visto, bien podrían los partidos políticos injertar en sus congresos ponencias encaminadas a poner a la persona humana en el centro del debate como razón política. Al fin y al cabo, resulta un andar bastante extraño perseguir el poder a cualquier precio, inclusive teniendo que perder el paso de la libertad, porque el “aparato” del partido impone, que no propone, la dirección del camino. El que se salga, no entra la foto; es voz popular.